A nivel global fue un año caracterizado por el incremento de la política agresiva de EE. UU., su postura en contra del multilateralismo y su retirada de importantes acuerdos internacionales.
Estados Unidos se retiró de instituciones mundiales como la Unesco, la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Consejo de Derechos Humanos, del Acuerdo de París, del acuerdo nuclear con Irán y de varios tratados de control de armas con Rusia, entre otros.
Por otro lado, se espera la mayor contracción del PIB mundial, desde finalizada la Segunda Guerra Mundial, como consecuencia de una caída generalizada de la actividad económica, por el impacto tremendo de la pandemia.
Resultó el peor año de los últimos 120 para la economía de América Latina y el Caribe. El más reciente cálculo, hecho por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), indica que la contracción será de un 7,7 %.
En la Comunidad Caribeña, la unidad y cooperación de los países del área permitió registrar cifras de víctimas relativamente bajas por la COVID-19, al tiempo que contuvo, en gran medida, la propagación del virus. Esa unidad se hace más necesaria que nunca ante la afectación sufrida por las economías de los Estados de la región que más dependen del turismo, que se estima que han perdido el 70 % de los visitantes.
Recientemente, durante la VII Cumbre Virtual Caricom-Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de la República de Cuba, hizo un llamado a defender la solidaridad y la cooperación como fuerzas indispensables para enfrentar juntos los grandes desafíos y las amenazas que nos acechan.
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La administración estadounidense de Donald Trump dio continuidad en 2020 a su estrategia para un «cambio de régimen» contra países que considera enemigos.
La guerra sicológica, cultural y mediática contó con un bien articulado entramado de medios tradicionales, Netcenter, sitios digitales y redes sociales, amplificados por un ejército de cibermercenarios, comandados desde la Fuerza de Tarea de la CIA.
En el caso de Cuba, este año el enemigo, en su desesperación ante la imbatible resistencia del pueblo, se lanzó a lo que creían la estocada final a la Revolución, luego de intentar cerrarle todas las vías de ingresos mediante la aplicación de un centenar de medidas coercitivas, incluso en el contexto de la pandemia fueron más hostiles y sistemáticas sus arbitrarias acciones.
A 5 570,3 millones de dólares ascendieron las afectaciones ocasionadas a Cuba por el cerco estadounidense, cifra récord para un año en el más de medio siglo de acoso brutal contra nuestro pueblo.
Resaltan en esta etapa acciones como la prohibición de vuelos desde Estados Unidos hacia todas las provincias cubanas, con excepción de La Habana, la posibilidad de establecer demandas al amparo del injusto e ilegal Título iii de la Ley Helms-Burton, y la persecución e intimidación a las empresas que nos suministran combustibles.
El espantajo estilo comic de Marvels del síndrome de La Habana fue sacado a relucir en varias oportunidades y fue desmenuzada esa mentira de supuestos incidentes sónicos por la ciencia cubana e internacional en cada oportunidad que se pretendió utilizar.
El ataque terrorista contra la embajada de Cuba en Washington, el 30 de abril, fruto de la postura agresiva del gobierno yanqui, reeditó terribles episodios del pasado.
Aplicaron con saña la guerra económica, el reclutamiento y organización de delincuentes para crear grupos de acción violenta y cometer actos de terrorismo a semejanza de los utilizados en Ucrania, Irán, Venezuela y Bolivia; intentaron generar manifestaciones, creando puntos de fricción en diferentes escenarios que pudieran desembocar en protestas, y utilizando la propaganda negra y la convocatoria desde las redes sociales.
El sitio Cuba Money Project, del periodista estadounidense Tracey Eaton, divulgó que el Departamento de Estado de EE. UU. ofrece hasta un millón de dólares para programas que impulsarían «los derechos civiles, políticos, religiosos y laborales en Cuba».
Citó también, en octubre de este año, datos obtenidos del Explorador de Ayuda Exterior de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), el cual reflejaba gastos por más de 261 millones de dólares en proyectos de subversión contra Cuba, desde 1990 hasta este año.
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